PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, 17 de agosto.- Los últimos tres imputados que fueron detenidos el pasado 6 de junio por presunta compra de votos a favor de Laura Esther Beristain Navarrete fueron liberados la noche del lunes, sin que las autoridades correspondientes emitieran algún comunicado acerca de su liberación, lo que pone en evidencia su incapacidad o complicidad para no ejecutar una verdadera procuración de justicia.
Los detenidos responden a los nombres de Alejandro G., Jonny J.C., y Luis Antonio S.V., son los tres servidores públicos -el primero del municipio de Benito Juárez y los dos restantes de Solidaridad-, que recobraron su libertad la noche del lunes y salieron del Centro de Retención Municipal, esto tras haberse revocado la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Los tres detenidos antes mencionados enfrentaban un proceso por la probable comisión de delito en materia electoral, esto tras ser detenidos el 6 de junio pasado en el marco del proceso electoral pasado, en posesión de dinero en efectivo, credenciales del INE y registros, siendo turnados a la agencia del ministerio público que trabaja en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
En su momento, el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, dio a conocer que eran ocho personas en total las detenidas en el municipio de Solidaridad, además de otras cinco detenidas ese mismo fin de semana, haciendo un total de 13 detenidos, de los que dijo, podrían pasar de tres meses a seis años de prisión, además de la inhabilitación para el caso de aquellos que son funcionarios públicos.
Pese a lo que en su momento declaró el fiscal, actualmente todas estas personas extrañamente ya recobraron su libertad, de los cuales los últimos tres fueron liberados la noche del lunes.
Lo que mas llama la atención es la contradicción en la que incurre la Fiscalía General del Estado, ya que en su momento, la autoridad presumió las detenciones de estos presuntos “mapaches” como un logro y al cabo de dos meses extrañamente les revoca la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.
Esta acción deja ver que todas estas maniobras podrían tratarse en realidad de una simulación por parte del propio fiscal, pues por un lado aparenta hacer valer la ley y posteriormente ejecuta artimañas en lo oscurito para no hacer una debida impartición de justicia.
