PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO, 19 de octubre.- Integrantes de diversas asociaciones civiles denunciaron inconsistencias en los procesos de los amparos promovidos ante el Tercer Juzgado de Circuito referente al tema de los parquímetros, toda vez que aprovecharon los meses mas críticos de la pandemia para desechar los amparos promovidos por el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), dejándolos sin posibilidad de acudir ante otras instancias jurisdiccionales para solicitar un recurso de revisión, lo que consideran que a todas luces es una violación al Estado de Derecho.
Por tal motivo, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante las irregularidades evidentes en el juicio de amparo promovido en contra de los parquímetros en Playa del Carmen.
Lo anterior se dio a conocer esta mañana en una conferencia de prensa, en donde miembros de diferentes organizaciones civiles expusieron ante los medios de comunicación el status que mantienen los tres amparos promovidos ante los juzgados en contra de la empresa Promotora de Desarrollo Urbano, propietaria y concesionaria de los parquímetros.
Al respecto, Sonia Gutiérrez Ávalos, abogada del caso, dio a conocer que en tal fueron tres amparos los que fueron tramitados en octubre del año pasado por parte de la Cooperativa Pesquera Xaman-Ha, la asociación ambientalista Moce Yax Cuxtal y el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, de los cuales este último era el mas significativo debido al numero de agrupaciones que engloba la misma, amparos que fueron tramitados con el argumento de afectación en el desarrollo empresarial, la generación de empleos y la competitividad de las empresas.
Además de lo anterior, estos amparos se solicitaron con el argumento de que los contribuyentes son los que continuamente están aportando al gasto público del municipio y que se contribuye para el municipio, no para una empresa particular a partir del espacio público, explicó la abogada.
En este recurso de amparo también se señaló que no hubo una convocatoria para una licitación, además de que la empresa Promotora de Desarrollo Urbano no aparece en el padrón de proveedores del Ayuntamiento, por lo que todo se manejo en la mas absoluta opacidad.
Aunado a ello, se le está otorgando el 75 por ciento de beneficio de los ingresos del municipio, mientras que el 25 por ciento es destinado a las arcas municipales.
Indicó que la empresa concesionaria posteriormente interpuso un recurso de queja argumentando primeramente que no se agoto el principio de juicio al acudir a instancias locales y además que a los demandantes ya se les habían pasado los tiempos reglamentarios para interponer estos amparos.
De estos tres amparos, dijo que en el caso del interpuesto por la cooperativa Xaman-Ha, el Tribunal Tercero de Circuito determinó que la queja de la concesionaria había entrado en tiempo y forma, mientras que de los otras dos, la queja por parte de Promotora de Desarrollo Urbano entró fuera de tiempo, por lo que a decir de los promoventes, estos amparos seguían vigentes y que se había desechado el recurso de queja.
Sin embargo, al atravesarse los meses de la pandemia y al cerrar los juzgados, no recibieron ninguna notificación por parte del tribunal, pero una vez que reanudaron actividades en agosto pasado, Promotora de Desarrollo Urbano interpuso un recurso de reconsideración de queja, del cual dicho tribunal lo declaró como procedente, pero lo mas grave de este caso es que dichos amparos fueron desechados, dejándolos sin posibilidad de acudir a alguna otra instancia jurisdiccional.
“Esto es muy grave porque la Ley de Amparos establece que una vez desarrollado el proceso, no es un desechamiento, sino un sobreseimiento, estamos ante una clara violación ante el Estado de Derecho”, dijo la abogada.
“Como abogados estamos muy decepcionados porque de principio a fin ha sido una violación al estado de derecho, en un procedimiento administrativo que era una licitación, no se observaron ninguno de los requisitos, se le esta dando el espacio publico pagado por los ciudadanos, por los contribuyentes a un particular, se están privilegiando intereses personales y particulares por encima de la sociedad playense”, sostuvo.
Aseguro que están en una incertidumbre jurídica ante este inesperado revés del cual solo se le ha notificado a la empresa beneficiaria, ya que ni a los promoventes de estos amparos ni al propio Ayuntamiento les han hecho saber de esta notificación, situación que incluso puede inhibir las inversiones en este destino, ya que aquellos empresarios que quieran venir a invertir se van a llevar una desilusión, tras considerar que las reglas del juego cambian dependiendo de quién o quienes estén al frente de los tribunales.
